La semana pasada La Prensa nos regaló un tira y jala de esos que solo pasan en Amador. La misteriosa valla que anuncia la Marina del Grupo F instó a su equipo periodístico a levantar sendas consultas a todos los involucrados, y a producir una semblanza histórica, que siempre es bonito revisar. Y dice:
El Gobierno no ha respondido por qué hay una valla en el relleno ilegal que Grupo F. Internacional realizó en Amador y que, según la empresa, está amparado bajo una concesión “vigente”. […]
Hasta que apareció la valla en el relleno, se creía que la concesión de Grupo F. había sido rescindida. (Ver gráfica).
En octubre de 2006, el entonces administrador de la AMP y segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, ordenó al Grupo F. suspender los trabajos en el sitio y retirar el relleno realizado hasta entonces. La empresa no atendió la orden.
En mayo de 2007, Arosemena reiteró la orden de suspender las obras y remover el relleno y anunció el inició del proceso para rescindir los dos contratos de concesión de fondo de mar que el Grupo había obtenido en el año 2002.
Ambos contratos otorgaban a Grupo F. el derecho a rellenar 7.7 hectáreas. Cuando Arosemena ordenó suspender las obras, ya el relleno tenía una extensión de 25 hectáreas.
La empresa reaccionó presentando recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia.
En julio de 2009, el entonces recién estrenado presidente Ricardo Martinelli, mazo en mano, colocó un letrero que rezaba “propiedad del Estado” y le asignó custodia policial.
El exsecretario de la AMP Carlos González De la Lastra reiteró que Grupo F. incumplió una serie de requisitos. Recordó que en 2007 le correspondió llamar a la Policía para que se suspendieran dichos trabajos.
“Las costas son propiedad del Estado y si se rellenan no pueden ser utilizadas por un particular sin autorización”, afirmó De la Lastra. Por el uso de fondo de mar se pagan centésimos y esa área donde se construyó el relleno vale muchos millones de dólares, añadió.
El relleno también fue rechazado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que entonces argumentó que dichos trabajos no se parecían en nada a lo aprobado en el estudio de impacto ambiental.
“Figali hizo un relleno con toda clase de desechos que contaminaron la bahía”, recordó De la Lastra.
Guillermo Cochez, uno de los abogados de Grupo F., afirmó que en una reunión con el departamento legal de la AMP se les informó que la concesión está vigente.
Pero no había Cochez terminado de decir eso cuando ¡zas!
Relleno y bienes son del Estado
El Estado es propietario del relleno que Grupo F. Internacional hizo en Amador sin autorización de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), además de todas las mejoras construidas sobre los terrenos que recibió en concesión por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.
Lo anterior lo establece el Convenio de Transacción Extrajudicial que avaló en 2011 el pasado gobierno y que fue divulgado ayer por la AMP, luego de los cuestionamientos que surgieron por la colocación sobre el relleno de Amador de un letrero de Grupo F. con el anuncio de una marina.
El documento de 14 páginas fue firmado en 2011 por el ministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y el entonces presidente de Grupo F. Internacional Roberto Domínguez Cochez, y refrendado por la contralora Gioconda Torres de Bianchini el 27 de marzo de 2012.
El convenio indica que Domínguez Cochez estaba debidamente facultado para este acto por resolución de la asamblea general de accionistas del 22 de diciembre de 2011 de Grupo F.
El Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la firma del acuerdo a través de la Resolución No. 183 del 29 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial 26924.
La misma indica que Grupo F. había presentado solicitud de concretar una transacción extrajudicial con el Estado a través de la suscripción de un convenio con fundamento en la figura de “dación de pago”, que incluía la entrega voluntaria de todos los bienes inmuebles que se encuentran dentro de la concesión, entre ellos el centro de convenciones.
Con este convenio, Grupo F. renunció a los derechos de concesión que recibió de la AMP en 2002 y sobre las parcelas que le adjudicó en 2003 la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), hoy Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, que está bajo el paraguas del MEF.
Como parte de los contratos, Grupo F. construyó mejoras en las parcelas que había recibido en Amador. También rellenó sin permiso un área de fondo de mar que tiene aproximadamente 25 hectáreas. Los contratos de concesión que había recibido de la AMP solo permitían el relleno de 7.7 hectáreas para una marina.
Al momento del acuerdo entre el Gobierno y Grupo F., en 2011, las mejoras tenían un valor de $25.9 millones, producto de los avalúos hechos por la Contraloría General de la República y el MEF.
Por los bienes que Grupo F. adquirió para el funcionamiento del centro de convenciones, se calculó un valor promedio de $644 mil 203 que sumados a las mejoras totalizaron $26.5 millones.
Hasta esa fecha Grupo F. mantenía una morosidad con el Estado de $29.9 millones en pago de renta básica, fianza y deudas que tenía con la AMP, la Autoridad de Turismo, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Caja de Ahorros y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
Al devolver todos los derechos y bienes Grupo F. cancelaba todas las deudas y obligaciones y, en consecuencia, “desistía inclusive de manera definitiva de cualquier proceso, pretensiones, litigios o controversias que mantenía a la fecha relacionadas con los bienes o las parcelas que fueron otorgadas en Amador”.
También se deducen $3.6 millones correspondientes al valor de cinco casas demolidas, daños causados al cable panamericano y un porcentaje de reducción por infraestructura cobrada por planta de tratamiento de agua, dice el documento.
Se enumeran nueve recursos legales y demandas que estaban en trámite y de los cuales se desistía como consecuencia del convenio.
También renunciaba voluntariamente de manera “absoluta” a interponer a futuro cualquier reclamo, acción o demanda contra e Estado o instituciones centralizadas o descentralizadas.
Como parte del acuerdo, el Estado asumía la deuda de 8.9 millones de dólares que tenía Grupo F. con la Caja de Ahorros, utilizados para la construcción del centro de convenciones, además de 500 mil dólares que debía a la entonces Autoridad Nacional del Ambiente y 47 mil 300 mil dólares a la AMP.
El MEF igualmente asumía 413 mil 968 dólares por efecto de exoneración anulada por la Autoridad de Turismo de Panamá.
El Estado también debía cancelar todos los pasivos laborales de los trabajadores de Grupo F. de conformidad con los cálculos hechos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Parece estar clarito. Pero oye, no se les culpa por plantar bandera, especialmente en este país adonde las cosas se nos olvidan de una vez. La peor diligencia es la que no se hace.
Arquitecto Panameño 